El Nuevo Georgia | August 29, 2019 

La Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) de Georgia y el Comité de Abogados de los Derechos Civiles Bajo la Ley, actuando en nombre de New Georgia Project [Nuevo Proyecto de Georgia] y Georgia Coalition for the Peoples’ Agenda [Coalición en Georgia para la Agenda Popular], redactaron una misiva advirtiendo al Consejo Electoral y de Registro del Condado de DeKalb que éste pudo haber violado la ley cuando categóricamente removió a todos los votantes que registraron la dirección 444 Sycamore Drive, Decatur, GA 30030, como su residencia. 
 
En este domicilio se localiza el Peer Support, Wellness, and Respite Center [Centro para el Alivio, el Bienestar y el Apoyo entre Iguales] que, de acuerdo con su página web, está disponible sin costo alguno a personas con discapacidades mentales quienes necesitan de una vivienda con el fin de evitar la hospitalización psiquiátrica.
 
De acuerdo con las actas, el consejo removió a los votantes al decidir que este domicilio no era considerado como una “vivienda”. Sin embargo, como la misiva lo señala, ninguna ley estatal o federal concede autoridad a funcionarios electorales para juzgar lo que constituye una vivienda, especialmente para los individuos más afectados por los obstáculos de la vida. 
 
Como la carta indica, “los funcionarios electorales deben ser cautelosos al considerar la impugnación o solicitar la privación de los derechos de las personas, basados en mapas de Google o en su noción preconcebida de lo que una ‘vivienda’ debería ser.” 
 
Más aún, los tribunales de Georgia han reconocido que la residencia de un elector no depende exclusivamente de cuánto tiempo éste se queda en un lugar.
 
En adición, la ley de Georgia establece que sólo electores individuales -y no los municipios, como la Ciudad de Decatur- pueden interponer impugnaciones sobre la competencia de un votante registrado; sin embargo, las actas del consejo no indican quién solicitó a la Ciudad de Decatur remover a esos votantes de las listas electorales.
 
“El consejo necesita explicar sus acciones”, aseveró Sean J. Young, director legal de la ACLU de Georgia. “Es moralmente incorrecto para los funcionarios gubernamentales juzgar el lugar al que algunos llaman hogar”.

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