ATLANTA – En representación del grupo Georgia Muslim Voter Project [Projecto de Votantes Musulmanes en Georgia], la ACLU de Georgia ha interpuesto acción legal en contra de la Secretaría de Estado y todos los registradores de cada condado, demandando que ofrezcan un proceso legal adecuado para los electores de Georgia, cuyos papeletas o aplicaciones de voto por ausencia están siendo rechazadas debido a la presunta incompatibilidad de firmas.
La ley de Georgia obliga a los esforzados oficiales electorales locales a actuar como expertos grafólogos sin ningún entrenamiento. Como resultado, el derecho constitucional al voto queda a merced de las determinaciones grafológicas subjetivas de legos sin experiencia apropiada.
Si estos esforzados trabajadores rechazan la aplicación o papeleta sobre esta base, la ley de Georgia está fallando en ofrecer un proceso justo a los electores para rebatir la determinación que los despoja de su voto.
Tal como la acción legal explica, “la firma de una persona…puede variar por diversas razones, de forma intencional o fortuita. Factores fortuitos incluyen la edad, condición física y mental, incapacidad, medicación, estrés, accidentes y diferencias inherentes a la coordinación neuromuscular y la postura de una persona. Estas variantes prevalecen más en personas de edad avanzada, incapacitadas o que hablan inglés como segunda lengua.”
La demanda solicita una orden de protección temporal que requiera a los oficiales electorales brindar el proceso legal debido a los ciudadanos de Georgia que votaron como ausentes. Concretamente, la acción legal pide al tribunal que los oficiales electorales ofrezcan a los electores ausentes la oportunidad de confirmar su identidad o, de alguna manera, resolver las supuestas discrepancias.
“La ley de correspondencia de firmas de Georgia es una reminiscencia de la prueba de alfabetismo de Jim Crow,” declaró Sean J. Young, Director Legal de la ACLU de Georgia. “Si los oficiales de gobierno van a retirarle a alguien su derecho constitucional al voto, entonces ellos deben ofrecer a los electores tiempo suficiente para refutar tal decisión y hacer que su boleta electoral cuente”.