La Ley Extrema Desestima de Forma Directa el Derecho al Aborto Garantizado por Roe v. Wade
ATLANTA — La Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) de Georgia, El Centro para los Derechos Reproductivos (the Center for Reproductive Rights) y Planned Parenthood interpusieron una demanda el día de hoy en representación de los demandantes -incluyendo doctores, prestadores de servicios de salud y sus pacientes-, impugnando la prohibición del aborto en Georgia, a entrar en vigor el 1º de enero del 2020. La ley prohíbe el aborto a partir de la sexta semana de embarazo, antes de que muchas personas incluso sepan que están embarazadas.
“Como organización de justicia reproductiva establecida en Georgia por más de 20 años, el compromiso de SisterSong es el de enfocar y difundir las necesidades de aquellas comunidades históricamente marginadas. La tasa de mortalidad materna en Georgia se ubica en el segundo lugar más alto de la nación; las mujeres de color en nuestro estado mueren a una tasa seis veces mayor que el promedio nacional. SisterSong está interponiendo esta demanda con el fin de proteger los derechos reproductivos y de salud materna, de manera que cada individuo -especialmente las personas de color- puedan prosperar en sus familias y comunidades y preservar sus derechos humanos para tomar sus propias decisiones sobre su vida reproductiva”, dijo Monica Simpson, directora ejecutiva de SisterSong.
“Bajo los casi 50 años precedentes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, esta legislación es evidentemente anticonstitucional. Los políticos no deberían asumir las decisiones de salud de las mujeres,” declaró Sean J. Young, director legal de la ACLU de Georgia. “Los políticos no tienen por qué decirles a las mujeres o a las parejas cuándo comenzar o expandir una familia. Nuestra demanda le solicita al Tribunal bloquear la ley para que no entre en vigor el 1º de enero de 2020.”
“El Centro de Salud para las Mujeres Feministas (Feminist Women´s Health Center) ha proporcionado servicios integrales de salud reproductiva, incluyendo atención en el aborto, a los residentes de Georgia desde 1976 y se han movilizado en nuestras comunidades desde 1996. Estamos impugnando esta ley anticonstitucional porque estamos comprometidos con el servicio a nuestros pacientes y con la visión de una Georgia donde la justicia reproductiva sea alcanzada plenamente por todos. Esta clínica permanece abierta,” declaró Kwajelyn J. Jackson, directora ejecutiva del Centro de Salud para las Mujeres Feministas.
De acuerdo con una encuesta reciente de Atlanta Journal-Constitution, 70 por ciento de los habitantes en Georgia apoyan la causa Roe v. Wade, caso del Tribual Supremo de los Estados Unidos que es punto de referencia para garantizar el derecho al aborto.
“Georgia es uno de los nueve estados que han aprobado la prohibición del aborto este año con la esperanza de desestimar el caso Roe v. Wade,” señaló Nancy Northup, presidenta y CEO del Centro para las Derechos Reproductivos. “Ninguna de estas leyes ha entrado en vigor y estamos peleando para que permanezcan así. Por casi medio siglo el Tribunal Supremo ha protegido el derecho al aborto y sabemos que la mayoría de los americanos continúan apoyando el acceso a los servicios de aborto”.
“Esta primavera, los habitantes de Georgia expresaron su oposición a la ley HB 481 como nunca habíamos visto antes. Como organismo que provee atención en el aborto, organismo educador y defensor de los derechos, Planned Parenthood se compromete a luchar contra esta peligrosa prohibición en todo momento. Hoy tomamos el siguiente paso. Al interponer esta demanda estamos defendiendo los derechos de nuestros pacientes y elevando las voces de incontables ciudadanos de Georgia quienes fueron ignorados en esta sesión legislativa. El aborto es aún legal, accesible y seguro en Georgia y planeamos mantenerlo de esa manera”, dijo Staci Fox, presidenta y CEO de Planned Parenthood Sudeste.
“En un estado con una escasez crítica de proveedores de salud y con una de las más altas tasas de muerte materna e infantil, especialmente entre personas de color, los políticos deberían enfocarse en expandir el acceso a la salud reproductiva, no a prohibir el aborto antes de que incluso alguien sepa que está embarazada,” manifestó Talcott Camp, director adjunto del Proyecto de Libertad Reproductiva (Reproductive Freedom Project) de la ACLU.
Las organizaciones que están interponiendo la demanda representan a un amplio abanico de proveedores de salud, incluyendo al Colectivo para la Justicia Reproductiva de las Mujeres de Color SisterSong (SisterSong Women of Color Reproductive Justice Collective), Centro de Salud para las Mujeres Feministas (Feminist Women’s Health Center), Planned Parenthood Sudeste (Planned Parenthood Southeast, Inc.), Clínica de Salud Integral en Atlanta (Atlanta Comprehensive Wellness Clinic), Centro Médico para las Mujeres en Atlanta (Atlanta Women’s Medical Center), FemHealth USA -conocido como carafem-, Organización para la Salud de las Mujeres de Columbus (Columbus Women’s Health Organization, P.C.), Summit Medical Associates, P.C., Carrie Cwiak, médico profesional y maestra en salud pública; Lisa Haddad, médico profesional, maestra en ciencias y en salud pública; y Eva Lathrop, médico profesional y maestra en salud pública.
Los demandados en este caso son el gobernador de Georgia Brian Kemp, el fiscal general Christopher M. Carr, el comisionado del Departamento de Salud pública Kathleen Toomey, el director ejecutivo y los miembros del Consejo Médico Integrado de Georgia (Georgia Composite Medical Board) y los fiscales de distrito de los condados donde los demandantes proveen asistencia médica. Todos ellos demandados en sus capacidades oficiales.
SisterSong v. Kemp fue interpuesta en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia, División Atlanta.
Georgia es uno de los varios estados que han aprobado la ley de prohibición del aborto este año, lo que representa una ola sin precedente de legislaciones diseñadas para iniciar una desestimación directa del caso Roe v. Wade.
Alabama aprobó una prohibición casi total; Kentucky, Mississippi, Luisiana, Ohio y Georgia aprobaron la prohibición a partir de la sexta semana de embarazo; Missouri aprobó una prohibición a partir de la octava semana de embarazo; Utah y Arkansas lo hicieron para la 18a semana de embarazo. Ninguna de estas leyes ha entrado en vigor; algunas de ellas han sido bloqueadas temporalmente por un tribunal; otras han sido impugnadas antes de entrar en vigor. El aborto es aún legal en todos los 50 estados americanos.
La ACLU ha impugnado similares leyes de prohibición del aborto en Kentucky y Ohio y una prohibición casi total en Alabama, entre otras litigaciones. El Centro para los Derechos Reproductivos ha impugnado las leyes de prohibición del aborto a la sexta semana y a la 15a semana en Mississippi; ambas han sido bloqueadas.