Requerir que los votantes paguen franqueo postal para enviar su boleta electoral es un inconstitucional obstáculo al sagrado derecho al voto.
 

PARA SU DIVULGACIÓN INMEDIATA 8 de Abril, 2020
Contacto: Ana Maria Rosato, ACLU de Georgia, media@acluga.org
Inga Sarda-Sorensen, ACLU Nacional, isarda-sorensen@aclu.org

Haga clic para escuchar el podcast de la ACLU de Georgia Liberty is Peachy, titulado “Stop the Poll Tax: ACLU of GA lawsuit”, con Sean J. Young, director legal; y Christopher Bruce, director político.

ATLANTA – La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la ACLU of Georgia interpusieron una demanda federal en representación de Black Voters Matter, objetando la constitucionalidad de hacer que los votantes compren estampillas postales al tramitar por correo la solicitud de boletas electorales por ausencia y al enviar por correo dichas boletas. Esto es semejante a un impuesto electoral. 

El reclamo legal es claro; la Constitución de los Estados Unidos prohíbe los impuestos electorales. El franqueo postal cuesta dinero . Los funcionarios electorales obligan a los electores de Georgia a pagar franqueo, lo que equivale a un impuesto electoral. La pandemia del COVID-19 ha hecho poco realista para muchos votantes -sino es que para todos- el emitir su voto en persona; el Estado prácticamente está forzando a los votantes a pagar para poder participar en nuestra democracia.

La ACLU de Georgia busca un mandato preliminar que ordene a los funcionarios electorales proveer sobres postales prepagados para las solicitudes de boletas electorales por ausencia y para el envío de estas. Los funcionarios electorales saben cómo hacer esto, porque la ley les ha requerido proveer sobres de devolución con franqueo prepagado para otros propósitos.

La demanda Black Voters Matter v Raffensperger fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia, División Atlanta. La demanda habla sobre los electores históricamente marginados quienes viven con un presupuesto limitado y no tienen acceso a recursos que la gente más adinerada da por hecho.

La demanda declara en parte: “Muchos votantes de bajos recursos no cuentan con estampillas postales. Ellos ya no necesitan usarlas o nunca las han necesitado. No podemos esperar que ellos se expongan innecesariamente a la pandemia sólo para conseguir estampillas postales y poder votar. Esto si se asume que ellos pueden trasladarse y conseguirlas, cuando muchos no tienen automóvil y el transporte público o compartido no existe en áreas rurales del Estado. Electores sin acceso a internet o a una tarjeta de crédito no pueden comprar estampillas en línea y si lo hacen ellos deberán comprar innecesariamente un incosteable paquete de estampillas (alrededor de $10), porque no es posible comprar sólo una. Para empeorar la situación, los votantes deben adivinar cuántas estampillas utilizar, pues las boletas varían en tamaño y peso; de manera que deben añadir estampillas extras -potencialmente innecesarias- solo para evitar el riesgo de quedar excluidos del voto. En vano es mencionar que poca gente posee una báscula de franqueo.

Además, bajo un antecedente legal vinculante, un impuesto electoral sigue siendo ilegal sin importar que existan alternativas “gratis”, como votar en persona.  Durante esta pandemia altamente contagiosa, esperar que los ciudadanos de Georgia pongan en riesgo su persona y a quienes aman es inadmisible.

La ACLU de Georgia está buscando un mandato preliminar tan pronto como sea posible, de manera que ningún elector de Georgia tenga que pagar un impuesto electoral para votar en las próximas elecciones. Como mínimo los impuestos electorales deberían eliminarse mucho antes de la elección general de Noviembre.

Los siguientes son comentarios de:

Cliff Albright, cofundador y director ejecutivo del Fondo Black Voters Matter: “Al rehusarse el secretario de estado a proporcionar a los votantes sobres postales prepagados, no sólo ha gravado un impuesto electoral a los votantes, sino que ha puesto una carga indebida en las organizaciones dedicadas a incrementar la participación electoral. Su error ha forzado a organizaciones como la nuestra y a grupos comunitarios locales a destinar tiempo y dinero en resolver el problema del franqueo postal. Cada minuto y cada centavo que gastamos ayudando a los votantes a sortear los requerimientos del franqueo representan menos recursos para otras iniciativas de movilización de votantes. Dado el antecedente de la oficina del secretario de estado de considerar a las organizaciones de movilización de votantes como amenazas -antes que componentes vitales del fortalecimiento de la democracia-, uno no puede más que preguntarse si esta carga indebida era de hecho uno de sus objetivos.”

Sophia Lin Lakin, directora adjunta del Proyecto Voting Rights, de la ACLU: “Nadie debería de decidir entre proteger su salud y proteger su derecho al voto. Votar por correo postal debería ser la opción más segura para muchos votantes. Al no proporcionar franqueo prepagado para las boletas por ausencia, Georgia está creando un obstáculo anticonstitucional para votar. No permitiremos un impuesto electoral de la era moderna.”

Sean J. Young, legal director of the ACLU of Georgia: “El número de votantes que envíen su boleta por correo se disparará debido a la pandemia. Es imperativo que las barreras anticonstitucionales, como este impuesto electoral, sean eliminadas inmediatamente.”

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